La mayoría de los españoles que vivían en 1975 recuerdan qué estaban haciendo el 20 de noviembre de ese mismo año. Forma parte de ese reducido número de días que perduran en la memoria colectiva, como el 11S o el 23F.
En aquel entonces, aún no eran conscientes de que, con la muerte del dictador Francisco Franco, terminaban 36 años de dictadura. Tampoco sabían que las huellas del franquismo permanecerían visibles durante, al menos, 40 años más.
Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España dos días después del fallecimiento de Franco, aunque fue designado como sucesor en 1969 por el propio dictador. Sin embargo, el monarca mostró sus deseos de establecer una monarquía constitucional y se convirtió en uno de los protagonistas de la transición hacia la democracia.
En junio de 1977, tras haber sido legalizados todos los partidos políticos, se celebraron las primeras elecciones democráticas. Sobre los hombros del gobierno electo, presidido por Adolfo Suárez, recaía la responsabilidad de democratizar el estado y terminar con las estructuras de las que se había dotado el régimen franquista.
En este contexto fue aprobada la Ley de Amnistía, que anunciaba la amnistía de todos los actos de “intencionalidad política” realizados antes de 1977 y expresaba que las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la dictadura no podrían ser juzgadas. La ley continúa vigente en la actualidad a pesar de que en 2015, dos informes realizados por Amnistía Internacional y el Comité de las Naciones Unidas exigían al gobierno español su derogación.
La ley obviaba algunos aspectos inherentes a la dictadura, como la simbología franquista que se extendía por todo el territorio español, o las fosas comunes donde se encontraban los restos de miles de desaparecidos. “Después de la Transición, aunque durante ella no se prohibió recordar – de hecho se hicieron algunas actuaciones pequeñas, como exhumaciones y homenajes- acabó imperando un pacto de silencio, de olvido, unas reconciliaciones dictadas o “patrimonios errantes”, denuncia Jorge Ramos, doctor en Historia Contemporánea de la Universitat de València.
Situación actual del “Paredón de España”, localizado en Paterna. (Fuente: elaboración propia)
La cuestión sobre la memoria histórica permaneció olvidada hasta el año 2000, cuando comenzaron a formarse grupos para la recuperación de la memoria histórica.
Estaban formados por excombatientes de la Guerra Civil y por personas cuyos familiares se hallaban entre cunetas.
El movimiento, que inicialmente surgió en Priaranza del Bierzo (León), con la creación de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se extendió con rapidez por todo el estado.
En Valencia fue creado, en 2002, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMHV), a raíz de un acto de homenaje en memoria de antiguos guerrilleros que la asociación Gavilla Verde celebraba en Santa Cruz de Moya.
Su portavoz, Matías Alonso, asegura que España no solo tiene una asignatura pendiente con la memoria de las víctimas muertas y enterradas, sino también con la de las víctimas vivas. “Cada persona que enterraron dejó varios muertos en vida, que fueron sus mujeres, sus hijos; que a partir de entonces empezaron a vivir dentro de la más espantosa exclusión social e incluso acosos que empezaron inmediatamente en posguerra y no acabaron”.
A las reivindicaciones de estos grupos se añadió la presión internacional: la ONU equiparó a España con países como Irak,
Chile o Argentina en un informe sobre Desapariciones Forzadas y el Consejo de Europa instó al gobierno español a erigir monumentos en memoria de las víctimas franquistas.
El debate se instaló en el parlamento, y, en diciembre de 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica . La Ley, compuesta por 22 artículos, declara la ilegitimidad de los tribunales y las sentencias franquistas, indemniza a algunas de las víctimas, establece que las Administraciones retirarán los símbolos que exalten el régimen franquista y anuncia que las exhumaciones serán sufragadas por la Administración.
Su aprobación no estuvo exenta de críticas. Ante el debate que se generó, muchos sectores del país y algunos grupos políticos de la oposición –cuyo principal detractor fue el Partido Popular- acusaron al gobierno de “reabrir viejas heridas”.
El entonces candidato popular, Mariano Rajoy, prometió que si ganaba las elecciones no destinaría “ni un euro público” para “las fosas de la guerra”.
Cuando el Partido Popular accedió al gobierno en 2011, terminó con los presupuestos destinados a la aplicación de la ley. En 2012, recortó los presupuestos para la apertura de fosas en un 60 % y retiró la oficina de atención a las víctimas. En 2013, suprimió todas las subvenciones.
Matías Alonso resalta que, aunque la ley ha sido un instrumento fundamental para cerrar varias heridas, el problema que tiene es que “no está acabada de desarrollar” y permite “actitudes insumisas” sin que pase nada.
Otro aspecto que denuncian las asociaciones de memoria es que los juicios sumarísimos del franquismo no fueron anulados en la ley, prolongando el modelo de “impunidad” que tiene el estado español con respecto al franquismo.
Jorge Ramos asegura que la recuperación de la memoria histórica -entendiendo como memoria histórica las vivencias y los derechos de aquellos que fueron olvidados- es una cuestión de salud democrática y un deber para el sistema político.
“Muchas de las tareas de memoria las han hecho asociaciones, movimientos sociales, personas individuales, grupos de música.
La gran mayoría de las instituciones públicas no han hecho su deber de salud democrática, de aplicar los principios de “verdad, justicia, reparación”, de retirar los símbolos de la dictadura, de hacerle un homenaje a las personas que dieron su vida o que simplemente vivieron un periodo de libertades que el franquismo hizo desaparecer”.
La propuesta valenciana
Las iniciativas para la recuperación de la memoria histórica surgen ahora por parte de las comunidades autónomas.
El pasado 9 de noviembre de 2016, Gabriela Bravo (Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas), presentó ante el Palau de la Generalitat el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunitat Valenciana.
Las bases se remitirán a las Cortes Valenciana y se destaca el derecho de las víctimas y familiares de ambos bandos a la verdad, la justicia y la memoria. “No queremos una ley que separe, sino que integre, un instrumento que sirva para cohesionar, no para dividir” afirmó la titular de Justicia.
Monumento a los fusilados en el paredón de Paterna. (Fuente: elaboración propia)
Dentro de las propuestas se encuentra la recuperación e identificación de los restos de víctimas desaparecidas y la elaboración de mapas de localización para abrir y recuperar más de 300 fosas comunes.
Además, se ordenará la retirada de los símbolos franquistas en el espacio público en el plazo de un año, bajo pena de multa de entre 2.001 y 10.000 euros.
También se sancionará con multas elevadas la destrucción o el movimiento de terrenos donde se localicen las fosas. La nueva norma formará parte del contenido obligatorio dentro de los centros escolares.
Este anteproyecto recoge la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, dentro del cual también formará parte el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática.
Esta iniciativa contará con una dotación presupuestaria de 224.000 euros y se prevé su puesta en funcionamiento para mediados de 2017.